*Cacho lo acusa de haber ordenado su captura y tortura en 2005, luego de que documentara en su libro “Los demonios del Edén” una red de explotación sexual infantil con vínculos empresariales y políticos en Puebla
El próximo martes 20 de octubre de 2026, el exgobernador Mario Marín, recluido en el penal del Altiplano, enfrentará la justicia en una audiencia por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho, ocurrido en 2005 tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, el cual denunció una red de explotación sexual infantil con vínculos empresariales y políticos en Puebla.
La fecha de la comparecencia fue informada este 16 de octubre por Cacho, en un mensaje publicado por la organización Artículo 19, quienes la han acompañado y defendido legalmente.
En el material, la también defensora de derechos humanos explicó que acudirá a los juzgados acompañada por sus abogados para enfrentar a Marín, a quien identificó como el “góber precioso” en referencia a los audios difundidos en 2006 de la llamada telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que ambos festejaron el arresto de la periodista y se le llamó de esa forma al entonces funcionario.
Cacho atribuyó al exgobernador la orden de encarcelarla, torturarla, perseguirla e intentar silenciarla por haber documentado en su libro una red de colusión que protegía la explotación de niñas y niños en México.
Además, señaló que su caso no es aislado. Recordó que “muchas amigas y amigos periodistas” quedaron en el camino, señalados por miembros del poder mexicano, “desde la policía hasta los diferentes gobiernos”, que durante dos décadas decidieron perseguir, amedrentar, asesinar o desaparecer a quienes ejercieron un trabajo de investigación periodística.
En el mensaje la periodista reveló que su padre murió el 23 de febrero de 2026, sin la certeza de que Marín fuera sentenciado por haberla mandado torturar y secuestrar para intentar silenciar la publicación de Los demonios del Edén. Lydia Cacho enmarcó la demanda como una causa que trasciende lo personal: “no es solo por las niñas y los niños, también es por mí, por mi familia y por la sociedad mexicana”.
La periodista subrayó que el litigio acumula veintiún años desde que comenzó la batalla legal contra el exgobernador. Cerró su mensaje con una afirmación tajante sobre el resultado que espera de la audiencia del 20 de octubre: “no lo logró ni lo va a lograr”, en referencia al intento de Marín de silenciarla mediante la tortura.
El caso se originó con la publicación de “Los demonios del Edén” en 2005
La periodista publicó Los demonios del Edén en 2005 y documentó en el libro una red de explotación sexual infantil con presuntos vínculos de empresarios y políticos poblanos. El empresario Kamel Nacif denunció a Cacho por difamación y calumnias en Puebla tras la publicación.
Agentes de la Policía Judicial poblana detuvieron a la periodista el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, pese a que el proceso legal se encontraba en otro estado. Cacho fue trasladada por carretera a Puebla durante un trayecto de más de mil 500 kilómetros que duró alrededor de 20 horas.
Durante ese traslado, la periodista fue incomunicada, amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexual, según denunció. Cacho sostuvo que los agentes buscaron obligarla a retractarse de lo publicado en su investigación periodística.
Un excomandante acusado de participar en la tortura salió libre días antes del anuncio de la audiencia
Hace dos días, el pasado miércoles 14 de octubre se reveló que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún después de que un juez determinara que ya había cumplido la condena de cinco años y seis meses de prisión dictada en su contra por tortura contra la periodista, según reportó Periódico Central. El exmando policial permaneció privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018, acusado y sentenciado por tortura contra la periodista
Artículo 19 precisó en un comunicado que la liberación respondió únicamente al cumplimiento total de la pena impuesta y que ese hecho no debía interpretarse como una absolución. “Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, Artículo 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”, señaló la organización.
La organización subrayó que el proceso penal contra otros dos probables responsables en el caso continúa su curso y que ese avance judicial no debe verse afectado por la salida de Rocha Laureano. Artículo 19 agregó que sigue a la espera de “una sentencia justa en los procesos penales pendientes” relacionados con el caso de la periodista. Según datos revelados por Periódico Central, el equipo jurídico del excomandante dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra Lydia Cacho.
El excomandante había sido detenido el 4 de diciembre de 2018 en Puebla por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, entonces dependiente de la Procuraduría General de la República, por el delito de tortura. Las indagatorias lo ubicaron como uno de los mandos que participó en el relevo de los policías que trasladaban a Cacho de Cancún a Puebla.
Una llamada telefónica entre Marín y Nacif dio origen al apodo “góber precioso”
A principios de 2006, el periódico La Jornada hizo pública una llamada telefónica de diciembre de 2005 entre Mario Marín y Kamel Nacif, en la que ambos festejaron la detención de la periodista. En el inicio de la conversación, Nacif saludó a Marín con la frase “mi góber precioso”, de donde se originó el apodo que acompañó al exgobernador desde entonces.
En esa llamada, Marín le aseguró al empresario que a Cacho le había dado “un pinche coscorrón” y afirmó que “en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad”. Nacif, a cambio del favor, le ofreció al gobernador “dos botellas de coñac” en agradecimiento. Marín intentó defenderse después con la frase “esa voz de la grabación no es mía, es decir, sí soy yo, pero no es mi voz”, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.
La difusión de esos audios llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación sobre los hechos. El escándalo expuso la coordinación entre el entonces gobernador y el empresario para perseguir a la periodista tras la publicación de su investigación.
La ONU determinó en 2018 que la detención de Cacho fue arbitraria
El Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió el 31 de julio de 2018 que la detención de la periodista constituyó un acto arbitrario. El organismo concluyó que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad personal, a la integridad, a no ser sometida a tortura, a la libertad de expresión y a no ser discriminada por razones de género.
El caso llegó al Comité mediante una petición que presentó Artículo 19 en octubre de 2014. La resolución ordenó al Estado mexicano investigar los hechos de forma imparcial y procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a quienes participaron en las agresiones contra la periodista.
En julio de 2021, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad en el caso y pidieron que las investigaciones identificaran tanto a los responsables directos como a los autores intelectuales de la agresión.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho y giró órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam.
El exgobernador permanece recluido en El Altiplano pese a versiones sobre su liberación
Marín obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria en agosto de 2024. Semanas después, un tribunal federal revocó esa medida tras los recursos que promovieron la Fiscalía General de la República y la representación legal de Cacho, por lo que el exgobernador fue reingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
En julio de 2026 circularon versiones sobre una nueva liberación o un cambio a prisión domiciliaria para Marín. El Gabinete de Seguridad de México desmintió esas versiones el 28 de julio a través de su cuenta oficial en X y precisó que Marín “no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el Cefereso No. 1”. Cacho también desmintió esas versiones a través de sus redes sociales y afirmó que el exgobernador seguía recluido en El Altiplano.
